Fuente: La Vanguardia
Encarna y Julia son hermanas y vivían hasta el pasado mes de abril en la misma residencia de Soria (Castilla y León). Después de que muriera su hermana mayor, sólo se tenían la una a la otra y planeaban pasar juntas los próximos años atendidas en el mismo geriátrico y compartiendo las pequeñas cosas del día a día. Pero una carta de la Junta de Castilla y León frustró su deseo el pasado octubre: si permanecían bajo el mismo techo, Julia perdería su pensión no contributiva de 380 euros mensuales, que necesita para pagar su plaza en la residencia. La ley considera que, al compartir “domicilio”, forman una “unidad familiar” y no pueden percibir más de 8.900 euros anuales entre las dos. Ante la perspectiva de hacer perder la pensión a su hermana y poner en riesgo su permanencia en la residencia, Julia se marchó a Madrid. Su historia la ha divulgado el portal Change.org y tienen como objetivo reunir al menos 75.000 firmas. La misiva se dirige a los grupos parlamentarios del PP, del PSOE, de Ciutadans y de Podemos, para solicitarles que emprendan una modificación de la ley que excluya como domicilio a las residencias para la tercera edad.
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