Manel Gómez, secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas de Cataluña de la Unión General de Trabajadores (UGT), y Miquel Lluch, secretario general de pensionistas y jubilados de Cataluña de Comisiones Obreras (CC.OO) se conocen desde hace años por su trayectoria en la lucha sindical.
Como líderes de la sección sindical de los jubilados de los dos principales sindicatos en Cataluña se presentan como el que son. Aliados para defender el mantenimiento de los derechos sociales y laborales, en los cuales, en algunos casos aseguran que se ha retrocedido, y en su caso, para mantener y mejorar el actual sistema de pensiones.
Nos hemos encontrado con ellos para mantener una conversación por habla de la sostenibilidad de las pensiones, la edad límite de jubilación, la financiación pública de la dependencia y preguntarlos si 130 años después del nacimiento de la UGT y cuando ya hace 50 años que se creó Comisiones Obreras -aunque en la clandestinidad por la dictadura franquista-, los sindicatos siguen teniendo sentido. “Por supuesto!”, contestan a coro.
En los últimos años, hay varias voces que alertan que las pensiones, en el futuro, podrían estar en peligro. ¿Qué medidas proponéis para hacerlas sostenibles?
Manel Gómez (UGT). Este miedo que nos ponen a los jubilados, porque el que los interesa para que los trabajadores hagan planes de pensión privados. El problema esencial de las pensiones no es para los que ya estamos jubilados, sino los que están trabajando. El gobierno que entre el que tiene que hacer es sacar la reforma laboral de 2013 porque sino no llegaremos en ninguna parte. Y las pensiones se tienen que subir conforme el IPC.
Miquel Lluch (CC. OO) Los ingresos de la caja de la Seguridad Social no son suficientes para afrontar el actual ritmo de gastos -como la aplicación de planes de ocupación o las tarifas planas de los autónomos- que se extraen de este fondo. La caja de la Seguridad Social únicamente se tendría que dirigir a financiar y gestionar las pensiones y las políticas sociales se tienen que financiar vía presupuestos generales del Estado.
La reducción del fraude a la Seguridad Social, aumentar ligeramente las cotizaciones de las empresas y sobre todo incrementar los salarios de los trabajadores son otras medidas que habría que aplicar para aumentar la reserva de la Seguridad Social.
¿Hay que seguir vinculando las pensiones además creación de trabajo?
M.G. Se ha hecho un mal uso de la bolsa de la reserva de la Seguridad Social. Las pensiones tienen que ir vinculadas del salario. El problema de las pensiones es de los jóvenes y hasta que no nos cargamos la reforma laboral no saldremos adelante. Los planes privados de pensiones es una auténtica burla.
M.ll. Hay ciertos economistas que proponen un sistema de pensiones dual, una parte procedentes presupuestos generales y la otra de un plan de pensiones complementario ligado a un fondo de inversión, cosa con la cual nosotros no estamos en absoluto de acuerdo. Estos planes complementarios están vinculados con fondos de inversión y, por lo tanto, no hay garantías por parte del Estado. Queremos que las pensiones públicas sean garantizadas por el Estado, tal y como prevé la Constitución española.
En los últimos años, los jubilados y pensionistas habéis salido a la calle para dar un toque de atención a la clase política. ¿Qué pensáis hacer a partir de ahora?
M.G. Los sindicatos no pararemos de estar en la calle para mantener el sistema de pensiones. Queremos que el Pacto de Toledo, que es el instrumento del que nos hemos dotado para llegar a un amplio acuerdo político, salga adelante y se aplique. La gente mayor estamos luchando también por las pensiones de los jóvenes, pero hace falta que nuestros hijos y netos estén presente a nuestras concentraciones y hacemos frente común.
M.ll. Una de las 22 medidas del Pacto de Toledo, que era la de vincular el incremento de las pensiones al aumento del IPC ya estaba acordada, pero a causa del ritmo electoral no se ha podido tramitar el decreto. Nuestra voluntad es que una vez se vuelva a formalizar un nuevo Parlamento seguirá existiendo la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y, por lo tanto, este punto tendrá que aplicarse y ser efectivo, calculamos que será en 2020.
¿Jubilarse a los 70 años de edad ya es algo con el cual nos tenemos que ir mentalizando?
M.ll. La edad mediana de jubilación ahora es 63 años y 8 meses, porque hay muchas personas que se jubilan avanzadamente y esto lo garantiza, precisamente, el sistema público de pensiones, cosa que si se fuera hacia un modelo mixto no pasaría.
La Asociación Ciudadana por los Derechos de las Mujeres reclama desde hace años poder cobrar el 100% de la pensión del marido. Actualmente perciben el 52% y en algunos casos puntuales el 60%, pero hay mujeres que con 700 euros al mes mantienen hijos y nietos.
¿Cómo lo estáis gestionando desde los sindicatos?
M.G. Estas forman parte de todas nuestras reivindicaciones. Ellas están adentro de esta lucha.
M.ll. En otros países estas pensiones se pagan a través de los presupuestos generales del Estado y no del fondo de la Seguridad Social. Se tiene que apostar evidentemente por las políticas sociales, pero no se tendrían que pagar con el fondo previsto para financiar las pensiones, sino vía presupuestos.
Más de 11.000 personas han muerto desde 2013 pendientes de recibir la ayuda a la dependencia y actualmente hay 18.000 personas grandes en lista de espera para entrar en una residencia. ¿Qué proponéis?
M.G. El tema de las residencias es una vergüenza. ¿Qué persona jubilada puede estar pagando más de 1.500 euros al mes? ¿Quién lo puede pagar esto? Es imposible que un jubilado con una pensión de 700 o 800 euros pueda salir adelante y, por lo tanto, se ve con obligación a apoyarse con los hijos, si estos trabajen. Asegurar el crecimiento de plazas de residencias públicas es también una fuente de riqueza y de creación de puestos de trabajo.
M.ll. En Cataluña hay 60.000 plazas de residencia, de estas solo 10.000 son públicas. Es necesario que la parte pública crezca, que haya residencias ciento por ciento públicas y que el sector privado no se nutra de las partidas presupuestarías para mantener su negocio.
En el caso de la ciudad de Barcelona, donde hay déficit de residencias públicas, el Ayuntamiento ya ha cedido los terrenos a la Generalitat, pero desde la Administración catalana se alega que no se recibe la financiación necesaria del Estado. Se van pasando la pelota de una administración a la otra y los ciudadanos son quienes sufrimos las consecuencias.
La carencia de cobertura del sistema público para poder acceder a una residencia obliga en muchos casos a muchas personas a poder planificarse económicamente y a ahorrar.
M.G. Qué tenemos que hacer? No hay capacidad de ahorro para poder prever la jubilación y la dependencia si se cobra el que cobra. Nosotros tenemos la responsabilidad que tenemos, pero el Estado tiene su responsabilidad y no nos la puede traspasar a los trabajadores.
M.ll. El Estado es quien tiene que hacer la previsión. Igual que la hace por la educación, la ley de dependencia hace falta que vaya acompañada de la suficiente financiación. El dinero está, pero hay que hacer una distribución más equitativa por parte del Estado. ¿Qué tenemos que hacer con la gente mayor? ¡Hay mucha hipocresía!
¿La lucha sindical sigue hoy en día teniendo validez?
M.G. ¡Por supuesto! Y nosotros no pararemos de estar en la calle. La tarea que hacemos los sindicatos nos implica a todos. Cuando conseguimos una mejora es para todos los trabajadores, sean o no afiliados, y esto habría que tenerlo en cuenta.
M.ll. El mercado de trabajo se ha atomizado y se ha reducido las plantillas y por tanto la capacidad sindical es muy reducida. Ha habido un cambio en el modelo productivo y hace falta que haya un interlocutor social que medio entre trabajadores y empresarios, independientemente del nivel de afiliación. Si atomizan la distribución del trabajo y no hay ninguna vertebración cada vez seremos más y más pobres.