La actual crisis provocada por la COVID-19, que afecta a toda la ciudadanía, deja constancia, una vez más, del maltrato que sufren las personas mayores. Una discriminación o edadismo, y un abandono que tiene especial impacto entre las personas mayores más vulnerables, con discapacidad, dependencia y que no tienen red familiar ni social o no pueden disponer dada la alarmante situación actual.

Desde el Movimiento para parar el maltrato a las personas mayores queremos denunciar:

– La situación en que se encuentran las personas mayores que viven en Centros Residenciales, y de los profesionales que en ellos trabajan.

Aproximadamente el 90% de las personas residentes tienen una situación de dependencia, por lo tanto, necesitan cura y atención.

Hasta que no han pasado casi dos semanas del estado de alarma no se han empezado a dotar en los centros de las necesarias medidas de protección, y todavía hay que no han recibido nada.

Desde el inicio de la pandemia se ha protegido debidamente a los niños y a los jóvenes cerrando los centros escolares, pero en los centros residenciales no se han adoptado medidas necesarias, como por ejemplo entre otros, dar bastante material de protección y atención a los profesionales que en ellos trabajan, y potenciar las pruebas diagnósticas a todas las personas usuarias y trabajadoras de forma que se puedan tomar decisiones basadas en la evidencia hasta muy avanzada la pandemia, quedando desprotegida una población de alto riesgo y las personas trabajadoras que las asisten. Pedimos a todas las administraciones que protejan a las personas mayores y los equipos profesionales asistenciales.

– Los criterios de selección a las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Revisar los criterios edad cronológica y “valor social”. Es evidente que con la actual saturación del Sistema de Salud, es complejo, o casi imposible, que se pueda hacer una valoración geriátrica integral, como se recomienda, en el ámbito ético, para hacer los criterios de selección. A causa de la carencia de recursos, se pone a los profesionales de la salud en la tesitura de hacer el triaje de qué personas entran y/o continúan en la UCI.

Entendemos que el problema selectivo en ningún caso radica en la calidad de la tarea que están realizando las y los profesionales de la salud, puesto que esta problemática es estructural y de recursos. Por este motivo, pedimos a los agentes titulares de responsabilidades que doten de los recursos extraordinarios necesarios en una situación de emergencia como la actual para evitar situaciones de vulneración de los derechos de las personas mayores.

– La carencia de medidas, recursos, servicios y campañas ante posibles situaciones de maltrato a personas mayores.

Este Movimiento ya pidió, en su manifiesto el año 2018, la necesidad de un teléfono específico, que tendría que ser atendido por profesionales especializados, y recursos para atender situaciones de maltrato a personas mayores.

El actual confinamiento de las personas mayores en situación de maltrato, con la persona maltratadora, es un importante factor de riesgo. Una vez más queda invisibilizada la situación de las personas mayores maltratadas.

– El impacto sobre las personas mayores de las informaciones referentes al Covid-19.

Los constantes mensajes en los medios de comunicación que transmiten los datos oficiales y otras informaciones, están generando una importante sensación de inseguridad, angustia, ansiedad y miedo a las personas mayores, así como a sus familiares y entorno.

Pedimos a los medios de comunicación que tengan cuidado con la información y de la forma en que la transmiten.

Consideramos que todos estos hechos son discriminatorios y repercute directamente en los derechos y la dignidad de las personas mayores.

Somos conscientes de la gravedad de la situación generada por el coronavirus y la dificultad de gestionarlo, pero instamos a quién corresponda a tomar las medidas necesarias.

Finalmente, queremos dar MUCHAS GRACIAS a los y las profesionales de la Salud, de los Centros residenciales, Atención a domicilio, Servicios Sociales, Servicios de limpieza, Farmacias, Cuerpos de Seguridad, trabajadores y trabajadoras del sector alimentario, y todas las entidades y las personas que están trabajando para atender y cubrir las necesidades de la población en general, y en especial de las personas mayores.